CONTEXTO HISTÓRICO
Se trata de un proceso judicial atendido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es considerado el caso más importante de la jurisprudencia de los Estados Unidos.
La sentencia le da validez a la capacidad que tiene un Tribunal para realizar el control constitucionalidad y dejar nulas las leyes que contravengan a la carta magna.
Todo surge a raíz de que, en 1800, Thomas Jefferson derrotó al entonces presidente John Adams en las elecciones presidenciales.
En los últimos días de su gobierno el presidente J. Adams, estableció una serie de cargos judiciales, entre los cuales estaban 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado aprobó los nombramientos, el presidente los firma y en el Secretario de Estado recae la obligación de sellar y entregar las actas de nombramientos. Debido a la presión de salir de la Presidencia, el Secretario de Estado no entregó todas las actas, entre ellos estaba William Marbury.
El Secretario de Estado de T. Jefferson, James Madison se negó a entregar las actas de nombramiento, pues entendía que era una maniobra política del gobierno saliente al asegurar el control judicial antes de salir.
Al verse afectado, Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su acta.
La Corte Suprema se encontraba en un dilema, en caso de fallar a favor de Marbury, Madison aún podía negarse a entregar el acta y no existiría manera de obligarlo a darla. Si fallaba en contra de Marbury, se arriesgaba a someter el poder judicial al grupo de Jefferson al permitirles negarle el cargo que Marbury reclamar legalmente.
El presidente del Tribunal Supremo resolvió este dilema al declarar que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir tal cuestión. El Juez Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley, que le daba al Tribunal estas facultades, era inconstitucional porque ampliaba la competencia original del Tribunal establecida en la Constitución. Al negarse a dirimir el Tribunal Supremo afirmó su posición de máximo intérprete de la Constitución.
ANÁLISIS DE LA CORTE
La Corte basa su análisis en 3 preguntas;
1. ¿Tiene el solicitante el derecho al nombramiento que demanda?
La opinión de la Corte es que, cuando un nombramiento ha sido firmado por el presidente la designación debe considerarse por dada; y la misma se completa cuando tiene el sello de los Estados Unidos puesto por el secretario de Estado. Habiendo cumplido esos requisitos, Marbury está nombrado.
2. Si lo tiene, y ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?
La respuesta es sí, la ley bajo la cual surgen los Tribunales de Justicia en los Estados Unidos le da la facultad a la Corte de emitir mandamientos en los cuales se ordene a un funcionario público realizar un acto, en este caso, obligar a James Madison a entregar el acta de nombramiento a William Marbury.
3. Si lo proveen, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta Corte emitir?
La respuesta es no, a pesar de la afirmación hecha ut supra, puesto que tal ley es de carácter inconstitucional, debido a que su contenido expande de manera gigantesca lo expresado en la Constitución. La misma Carta Magna establece en su cuerpo normativo las formas y naturalezas en las cuales la Corte Suprema puede ordenar un hacer o no hacer a funcionarios como ministros y demás funcionarios que se encuentren en tal jerarquía, pero la naturaleza de la petición no se acoge a tales principios rectores para este tipo de situaciones, quedando recluida bajo el dominio de la ley, la cual hemos determinado es inconstitucional, quedando de esa manera completamente anulada y sin efecto.
Muy posiblemente el señor Marbury se encuentra en todo su derecho de solicitar su acta de nombramiento, y en esencia, conceder tal petición podría ser “justa”, pero a pesar de todo lo correcto que pueda parecer tal aplicación de la ley, actuar de esa manera sería negar la supremacía de la Constitución sobre el resto de las leyes. Por tales motivos resulta imposible complacer la pretensión del señor William Marbury.