Carlos Harris
El jueves 12 de noviembre de 2020, en la comisión de reformas electorales del tribunal electoral de Panamá, el sector privado y la mayoría de los partidos políticos, votaron a favor de mantener el financiamiento mixto en las campañas electorales, rechazando la propuesta de mantener el financiamiento político como algo meramente público y así suprimir las donaciones privadas en campaña. Esta decisión se tomó argumentando en palabras del magistrado del tribunal electoral, Alfredo Juncá, lo siguiente: “se deben proteger a los pequeños candidatos que no tiene acceso a un financiamiento público y de igual forma tenemos que proteger la libertad que tienen los particulares de apoyar o no una candidatura”.
Históricamente el financiamiento político privado, a través de las donaciones a campañas, ha sido la herramienta perfecta para lo que algunos llaman la compra de cargos políticos por parte de la élite de la empresa privada, sin embargo, la realidad va mucho más allá de solo un cargo público a favor de los donantes, a raíz de estas donaciones, se otorgan contratos millonarios, privilegios políticos y hasta inmunidades por parte del gobierno y es que no es novedad que la política panameña esté manchada por la inminente corrupción que predomina en sus órganos e instituciones, y es ahí donde el financiamiento privado toma un lugar sumamente importante, pues no es ningún secreto que quien aporte un mayor flujo de dinero a la campaña ganadora será quien goce de los mejores beneficios y hasta favores políticos.
En las pasadas elecciones fue muy notorio el apoyo del sector privado a los candidatos, eso si nos enfocamos solo en las campañas presidenciales, la participación de un gran número de candidatos independientes sirvió como potenciador para que el sector privado se involucrara más de lo que se acostumbra. Según fuentes externas de prensa y diarios locales hubo empresarios que aportaron fuertes sumas de dinero a todas y cada una de las campañas. ¿Acaso no es esta una jugada con doble intención?, Aunque podría decirse que sí, y hasta interpretarlo como un conflicto de intereses, la única respuesta válida para esta situación es que la ley lo permite. Y por ahora, a raíz de esta decisión tomada por la comisión de reformas electorales se seguirá permitiendo.
Según el exfiscal electoral Boris Barrios, garantizar una administración independiente y libre, sin duda es posible con una campaña financiada solo con fondos públicos y es que se sabe que muchas de las donaciones privadas que se reciben en campaña deben pagarse o simplemente suponen un favor político a cambio. La verdad es solo una y es que históricamente el sector privado a jugado un papel sumamente importante dentro de la política en Panamá y aunque parezca injusto que quien tenga mejor chequera ocupe los mejores puestos, es una realidad difícil de afrontar y por el momento eliminar las donaciones privadas en campañas hubiese sido un avance fundamental, en la lucha contra la corrupción, y una decisión clave para acabar con la élite que controla el gobierno.
Sin embargo y para concluir, no podemos simplemente suprimirle el derecho al sector privado de participar activamente en la política y dejar el financiamiento en manos del gobierno, mucho menos con la situación actual de la administración a nivel de transparencia, lo cierto es que nos urgen reformas tanto electorales como constitucionales, en las que no solo se clasifique el financiamiento entre público, privado o mixto, si no unas reformas en las que se contemple y regule por separado y a profundidad las condiciones que supone el financiamiento a campañas políticas, poniéndole fin de una vez por todas a uno de los factores principales que convierte el sistema electoral, en un sistema altamente permisivo y disimuladamente parcializado.
Fuentes
https://archivos.juridicas.
https://www.prensa.com/
https://www.tvn-2.com/
https://www.tribunal-